Perú quedó hoy totalmente paralizado bajo una estricta orden de inamovilidad que mantiene confinados en sus hogares a los ciudadanos del país andino para poder realizar un controvertido censo nacional de población y vivienda.
En un atípico domingo sin comercio, transporte, restaurantes, fútbol ni misa, los aproximadamente 28 millones de peruanos no podrán circular libremente ni realizar ninguna actividad fuera de sus hogares hasta las 18 horas (23.00 GMT).
La orden de inamovilidad fue emitida por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), cuyo jefe, Renán Quispe, consideró que 'es la manera más segura de empadronar a todos sin excepción'.
La respuesta de la población a la controvertida decisión ha sido tal que el presidente, Alan García, se mostró, en un comunicado a la Nación, orgulloso 'por la extraordinaria muestra de civismo del pueblo peruano', y destacó 'el orden y la disciplina social' con la que se desarrolla el censo.
Las normalmente populosas calles de Lima, así como las de las principales ciudades del país, mostraban un aspecto desolador, con apenas unos cuantos transeúntes desafiando la prohibición de salir de casa, sin tráfico en las principales avenidas y con todos los negocios cerrados.
En atención al censo, la jornada del torneo clausura del fútbol peruano prevista para este fin de semana se adelantó al sábado o se pospuso para el martes de la semana que viene, mientras que la Conferencia Episcopal del país anunció que las misas dominicales solo se realizarían antes de las 8 de la mañana o a partir de las 18, cuando finalice la inamovilidad.
Solo han quedado excluidos de esta orden los servicios de emergencia y los dedicados al turismo, unas 270.000 personas que han sido sometidas a un empadronamiento especial a lo largo de la semana y que cuentan con una autorización especial para movilizarse.
Esta excepción alcanza a médicos, enfermeras, policías, bomberos y periodistas.El transporte por carretera, tanto urbano como interurbano, ha sido suspendido en todo el país, así como los vuelos internos.
La prohibición no alcanza, sin embargo, a los vuelos internacionales, que están saliendo y llegando con normalidad en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, donde un grupo de funcionarios se encarga de empadronar a los peruanos que salen del país.
La realización del censo, cuya última actualización se produjo en 2005, se ha visto rodeada por la polémica y ha recibido críticas de todos los sectores, incluido García.
La crítica por parte de la iglesia católica a las preguntas censales relativas a la religión de la población, que a su juicio podían inducir a los encuestados a responder que son evangélicos en lugar de católicos, desató la polvareda.
Líderes evangélicos denunciaron que esa crítica quiere evitar que se conozca el número de fieles de esa religión en el país, que, a su juicio, son muchos más que los reconocidos oficialmente.
Alan García admitió que incluir esa pregunta en la encuesta es 'un error' y recordó que los ciudadanos no tienen por qué responder esa pregunta en nombre 'de la libertad de conciencia'.
Sin embargo, las dudas más frecuentes entre los peruanos han sido las relativas al alcance de la orden de inamovilidad y de las consecuencias de quebrantar la norma.
Más de 76.000 policías patrullan para mantener el orden y proteger a los encuestadores en las zonas más peligrosas, así como para 'instar' a los ciudadanos que incumplan la norma de no salir de sus hogares a que 'reconsideren' su actitud, informó Quispe.
En un principio se habló de multas e incluso arrestos para quienes rompan la orden, aunque los responsables del INEI aclararon que no existe tal peligro, así como tampoco materializó, como se preveía, la imposición de una 'Ley Seca'.
Más de 589.000 voluntarios, la mayoría de ellos estudiantes de secundaria o universitarios que recibirán diez nuevos soles (algo más de 3 dólares) por esta labor, se encargan de recopilar los datos censales puerta por puerta.
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